En el segundo encuentro de Dialogos ambientales 2021, El derecho a un ambiente seguro y saludable abordamos la temática de los agroquímicos en Uruguay, tomando como referencia el convenio de Estocolmo y convocando a representantes del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), la Udelar y RAP-AL

El Ing. Agr. Leonardo Olvera director de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP junto al Ing. Agr. Alex Hughes y la  Ing. Agr. Natalia Queheille rindieron cuentas de los procesos que se llevan adelante por parte del Ministerio para la prevención y el control de aplicaciones de agroquímicos, atendiendo a las disposiciones tanto nacionales como internacionales por las cuales el estado debe dar garantías para la protección de la salud humana y del ambiente. 

La DGSA tiene entre sus objetivos regular y controlar los insumos agropecuarios (productos fitosanitarios, fertilizantes y agentes biológicos), fomentando y capacitando en el uso responsable y el cuidado del ambiente. Y es por eso que realiza el registro de estos productos, proponiendo la autorización, prohibición o restricción de su uso en el país. También extiende las autorizaciones de venta de los mismos de acuerdo con informes técnicos. Realiza análisis destinados a la certificación y/o verificación del cumplimiento de los requisitos nacionales e internacionales en materia de calidad de productos fitosanitarios y residuos de plaguicidas en productos vegetales. Brinda capacitación en manejo seguro de plaguicidas y es quien emite el carnet de aplicador a nivel nacional. Y por último fiscaliza. 

Alex Hughes compartió una serie de datos relevados sobre la aplicación de la normativa, las acciones impulsadas para la sustitución de productos de síntesis y cultivos con registros fitosanitarios insuficientes, y los casos donde la aplicación afecta la salud humana y/o matrices ambientales (por ejemplo colmenas o cursos de agua).   

Natalia Queheille presentó información sobre “la ruta de los fitosanitarios” que incluye el registro, importación, venta (bajo receta profesional), aplicación (bajo monitoreo) y gestión de envases. Esta ruta se traza en el marco de una estrategia de buenas prácticas agrícolas que incluyen: capacitación (para aplicadores fitosanitarios), cumplimiento de la normativa, prevención y registro. Para eso han desarrollado un software (iniciativa público-privado) para la Gestión y Monitoreo de Aplicaciones de agroquímicos (GMA). Si bien hoy es voluntario dice en algún momento pasará a ser obligatorio y afirma que “con este sistema lo que pretendemos es destacar y posicionar a Uruguay como proveedor de alimentos inocuos, con calidad, que se preocupa por el ambiente y lo hace con responsabilidad social” 

Por su parte la Ing. Agr. Alexandra Bozzo representante de la Udelar (CENUR litoral norte) presentó una investigación sobre “el impacto de los plaguicidas utilizados en los cultivos hortícolas protegidos en el cinturón hortifrutícola de Salto sobre la salud de la población expuesta”, teniendo en cuenta que el 65% de la superficie total de cultivos hortícolas protegidos se ubica en la Zona Litoral Norte. 

Agregó que las tecnologías de producción intensivas implican el aporte frecuente de plaguicidas a través de pulverizaciones semanales y a veces bisemanales. Estos plaguicidas significan un riesgo para quien los manipula (el personal que aplica plaguicidas tiene aún poco conocimiento sobre el uso y manejo) y para aquellos que están expuestos por el ambiente. Bozzo recomienda para el control de la exposición laboral y ambiental generar una coordinación institucional con el Ministerio de Salud Pública para la aplicación efectiva de la norma y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos de implementar un sistema de control del uso y manejo adecuado de los plaguicidas utilizados (organofosforados y carbamatos). 

Finalmente y considerando la mayor vulnerabilidad que presentan las personas que viven en zonas de uso intensivo de agroquímicos, entiende que es fundamental para garantizar el derecho a un ambiente sano y sustentable la concientización y las acciones tendientes a realizar un uso adecuado de los productos, así como también, la utilización de insecticidas de origen natural y de enemigos naturales para el control de plagas, y la capacitación a los trabajadores y productores, entre otros.

Desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) María Isabel Cárcamo, compartió información de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), la toxicidad, su impacto en la salud y la contaminación ambiental. 

Remarcó que de los 2061 plaguicidas registrados por la DGSA, 81 son ingredientes activos y 330 son nombres comerciales catalogados como PAP, utilizados ampliamente en hortalizas, cultivos agrícolas, fruticultura y forestación. 41 están prohibidos en la Unión Europea y 17 producen toxicidad aguda que sumado al efecto crónico (resultado de estar expuesto por tiempo prolongado) hablan del impacto en la salud humana. También hay impacto en el ambiente ya que los PAP persisten en el agua, suelo o sedimentos, logrando causar la muerte de peces, crustáceos o algas en ríos, lagos y el mar, y muchos de ellos tienen la capacidad de ser bioacumulables, es decir que, se concentran en organismos acuáticos a través del tiempo.

Para RAPAL debe prohibirse el uso de sulfluramida en jardinería y cultivos agrícolas, controlar su venta bajo receta profesional mientras se decretan fechas límites para su uso en plantaciones forestales y cultivos agrícolas y poner fecha límite para su importación, venta y uso. En el caso de los clorpirifos poner fecha límite de registro de importación, venta y uso. También exigen como medidas a tomar a nivel nacional, informar a la población sobre los impactos en la salud y ambiente de los PAP y apoyar estrategias e insumos de control para el manejo agroecológico.

***

Información complementaria