DIÁLOGOS AMBIENTALES 2021

El derecho a un ambiente seguro y saludable. Uruguay ¿hacia dónde vamos?

Cultura Ambiental realizó una serie de encuentros en formato virtual (webinario) gratuito y accesible, buscando generar espacios para el debate sobre sobre temas de la agenda ambiental actual. 

Enfocados en una perspectiva de derechos humanos organizamos el ciclo “El derecho a un ambiente seguro y saludable” como forma de sensibilizar e informar sobre algunos temas que impactan sobre la vida de las personas y nuestro entorno. Se tomó como eje una serie de acuerdos y convenios internacionales que el estado uruguayo ha firmado y ratificado comprometiéndose así a generar mecanismos y tomando acciones para la protección de los derechos de las personas y el cuidado del ambiente. 

Convocamos para eso a representantes del estado, la academia, el periodismo de investigación y la sociedad civil que desde sus diferentes perspectivas compartieron información y miradas sobre cada uno de los temas. El primer encuentro acerca del derecho a la participación, al acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales se enmarcó en el Acuerdo de Escazú. El segundo sobre contaminación por agroquímicos se abordó desde el Convenio de Estocolmo y el último sobre contaminación por mercurio a partir del Convenio de Minamata.  

Información, participación y justicia ambiental (Acuerdo de Escazú)

Sobre la importancia de este instrumento el Dr. Marcelo Cousillas (asesor jurídico del Ministerio de Ambiente) destacó que si bien el acuerdo tiene un triple contenido (información, participación y justicia) también aborda temas de cooperación y fortalecimiento de las capacidades de los estados para hacer realidad esos tres derechos. Otro aspecto novedoso del acuerdo es el referido a la protección de los defensores ambientales ya que la región es identificada en el mundo como una de las más peligrosas. 

“Hay dos razones importantes para que Uruguay sea parte de este acuerdo y esté interesado en su aplicación. Nos importa eliminar las asimetrías regionales, a Uruguay le interesa que sus vecinos tengan las mismas obligaciones y derechos. Ya que el ambiente es esencialmente transfronterizo, es global, es único y en consecuencias tenemos que encontrar las herramientas para desbordar los límites de los estados nacionales y respetando la soberanía de cada uno, garantizar estos derechos”

Por otra parte mencionó que tenemos una buena base para la aplicación del acuerdo porque contamos con leyes nacionales tanto en información, como en participación, como en justicia. “Tenemos los elementos necesarios pero podemos mejorarlos. Tenemos que mejorar porque los resultados de la gestión ambiental todavía demandan mejorar: el estado, las ONG, los privados, la academia. El acuerdo nos da algunas pautas por ejemplo el acceso a la información de privados, registro de contaminantes” entre otras.  

En este sentido la Lic. Natalia Castagnet de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo contó acerca de las instancias de discusión intergubernamental y con la sociedad civil que culminaron con la conformación del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Ambiente quien realiza una serie de recomendaciones al estado uruguayo (generales y específicas para cada uno de los 3 derechos) como forma de dar seguimiento a la aplicación del acuerdo y mejorando procesos para su logro. 

Desde la Red temática de medio ambiente de la Udelar la Prof. Daniela Guerra destacó la importancia de la educación ambiental y el trabajo que se viene realizando desde la academia para generar insumos y capacidades. También realizó una serie de recomendaciones para cada uno de los 3 derechos orientadas al fortalecimiento tanto de la generación y divulgación de información científica (así como evaluaciones locales y nacionales, afectaciones de salud asociadas a condicionantes ambientales), como al de la coordinación e integralidad de los ámbitos de participación existentes y al de la formación académica y técnica para los asuntos vinculados a justicia ambiental. 

Información complementaria
El Acuerdo de Escazú (Costa Rica, 4/03/2018) tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en Amérca Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El Acuerdo Regional está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El período de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, el Acuerdo de Escazú entrará en vigor el 22 de abril de 2021.

Presentaciones

Puedes acceder a las presentaciones de los expositores que participaron en este evento aquí